Dos artículos, dos visiones diferentes. Levante EMV. Ayer y hoy.
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El nuevo estadio del Valencia: un poco de rigor, por favor
ALEJANDRO ESCRIBANO
Un habitual columnista de este diario publicó en estas páginas el sábado pasado un airado y agrio artículo sobre la operación del nuevo estadio del Valencia CF. Utiliza una (desafortunada) frase mía, publicada hace unos días en este periódico, sobre la supuesta idiotez de acudir a los tribunales para conseguir lo que no te permiten las urnas, a fin de arremeter contra la operación y contra mí. Empezaré pidiendo disculpas por dicha frase. Ya lo hice recientemente en un programa de televisión y lo reitero ahora. La pronuncié en el contexto de una conversación que entendí informal, pero no pretendo escudarme en ello. Lamento haber usado esa expresión. Por supuesto, que en un Estado de Derecho es muy legítimo acudir a los tribunales para defender lo que estimemos sea una vulneración de la Ley, y, en este sentido, nada tengo que reprochar a quien utilice este camino para atacar a la recalificación del suelo del nuevo estadio.
Lo que quise decir y expresé de un modo innecesariamente incorrecto es que la operación de recalificación de la avenida de las Cortes Valencianas para ubicar el nuevo estadio es impecable desde el punto de vista jurídico y urbanístico. Y que es realmente asombroso leer en dicho artículo, escrito con la habitual levedad de argumentación que suele emplear su autor, que el traslado del Mestalla es una «estafa» para la que se han hecho «trampas» y todo para obtener más edificabilidad de la debida en el viejo Mestalla y dejar a la ciudad con 70.000 m2 menos de suelo público. Como colofón me llama idiota, pero esto último, realmente, es lo que menos me importa.
Lo que sí me importa y es realmente triste es que se manipulen los datos de esa manera. En primer lugar, la ciudad no va a perder ni un solo metro de suelo público, ya que, simultáneamente a la recalificación del suelo de Cortes Valencianas, que pasa de deportivo público a deportivo privado, se califican otros 70.000 m2 de nuevos suelos dotacionales públicos junto a la Ciudad Fallera y en Campanar. Además, el Valencia CF obtendrá la parcela del nuevo estadio mediante permuta con suelos dotacionales del mismo valor, por lo que calificar a esta legítima y correcta operación de «estafa» es de una falta de rigor que asusta. El autor de ese artículo sabe que la ley al respecto es clarísima y que la operación no se puede hacer de otro modo, pero ha aplicado el viejo principio del peor periodismo sensacionalista: «No dejes que la verdad estropee una buena noticia.»
Pero no contento con ocultar ese dato, acusa al Valencia de beneficiarse de una edificabilidad «mayor que la establecida» en el viejo Mestalla. Nada más lejos de la realidad. El Ayuntamiento de Valencia, de las dos opciones legales para calcular el índice de edificabilidad a aplicar al viejo Mestalla, ha elegido la más estricta y que otorga menos edificabilidad. En lugar de calcular la edificabilidad neta de las manzanas del entorno y su ratio de dotaciones, ha aplicado la media general del distrito, bastante más baja que la anterior, exigiendo un nivel de dotaciones muy superior a la media de dicho distrito. Así que de trato de favor, nada de nada. Los hechos son los hechos.
Y lo que me preocupa, sobre todo, es la sensación que puede tener la afición del Valencia de que esta operación puede ser beneficiosa para el club, pero quizá no se estén haciendo las cosas correctamente. Yo les quiero afirmar que, sean cuales sean sus ideas políticas (que en la afición del Valencia CF, como es natural, hay de todo), cuando entren en el nuevo estadio por primera vez pueden tener la conciencia bien tranquila. Ese estadio, que va a ser uno de los mejores de Europa, no se va a hacer a costa de vulnerar la ley, ni de hacerle favores vergonzantes al club ni, desde luego, estafando a la ciudad o haciendo trampas. Se está haciendo con todo respeto a la ley, sin que le den al Valencia CF nada que no le darían a cualquier particular, con toda transparencia. Cualquiera que me conozca sabe que, de otro modo, yo no estaría colaborando en esta operación.
No voy a replicar a los insultos que me dedica el airado autor de ese artículo. No voy a decir que si hay un embaucador, idiota y oportunista (que todo eso me dice) puede que sea él y no yo. Pero, a estas alturas, creo que los lectores ya se habrán formado su opinión. No vale la pena.
Valencia SAD: Hacienda, Generalitat, Ayuntamiento... ¿y los principios»
GREGORIO MARTÍN - CATEDRÁTICO DE ROBÓTICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
El ciudadano Bautista Soler es el legítimo Presidente del Valencia SAD, ha sido elegido por la lógica propia de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas donde la compra de unas acciones por si sola, legitima, sin problemas, la justa y libre administración de un patrimonio. En el razonamiento que sigue quizás no deba pasarse por alto que esta compra se hiciera pagando una cantidad que multiplicando por más de 20 veces el nominal de una empresa que estaba y está en quiebra técnica. Mas allá del valor moral de sus opciones, cada uno es libre de hacer con su patrimonio lo que quiera. Sin embargo esta libertad tiene un límite y éste lo fijan los principios democráticos.
Si existe una institución básica en toda democracia es la administración de la Hacienda Pública. Nadie puede dejar de pagar los impuestos que marca la ley y no puede haber excepciones, ni siquiera para los clubes de fútbol. Tanta o mas legitimidad que Solbes, tienen Francisco Camps y Rita Barberá, elegidos, con contundentes mayorías absolutas, por los valencianos de la Comunidad y del cap i casal. Sus decisiones merecen tanto respeto como necesario es exigirles que éstas estén a la altura de la comprensión del resto de ciudadanos. Solbes, Camps y Barberá deben explicar el rigor y coherencia de sus actuaciones.
He aquí cinco episodios, con el ciudadano Bautista Soler como protagonista, que a algunos, que creemos en el funcionamiento de esta imperfecta (aunque enormemente querida democracia) llevan la duda sobre este rigor y esta coherencia.
a) El Valencia SAD, igual que otros clubes españoles, sigue manteniendo una deuda fiscal de dimensiones colosales con la Hacienda Pública. Hace ahora dos años largos, junto con una profesional de este medio, traté de analizar esta situación y no voy a insistir, solo decirles que poco se ha avanzado en el asunto y el que el miedo de Solbes y de la Agencia Tributaria para encarar el problema es más que alarmante.
b) No puede admitirse que un ente público como es TV Valenciana de la cual es responsable el Gobierno de Camps, compre a la empresa del ciudadano Soler unos derechos televisivos que inevitablemente va a revender por una cantidad no superior al 50% de lo que ahora paga, con una pérdida para los dineros de todos los valencianos (junto con las del resto de clubes de futbol de la Comunidad que piden su parte) no inferior a la 15 millones de Euros. El hecho que TVV sea responsable de casi el 10% de mayor deuda autonómica per capita del Estado español, no hace sino convertir en un sarcasmo y una incoherencia, que como ciudadano de esta tierra no creo merecer.
c) El antiguo campo de Mestalla se ha recalificado (guste o no, así lo decidió con toda legitimidad el Ayuntamiento de Valencia) y en vez de asumir la parte que le corresponde al Club, los técnicos que trabajan para el ciudadano Soler presentan planes urbanísticos que van más allá de los metros cuadrados que les corresponden. Frente a esta situación, alguien en el Ayuntamiento, en el último momento, ha tenido la coherencia de decir que hasta aquí hemos llegado. La dura realidad es que los negocios del Valencia SAD han entrado en conflicto crudo y duro, con el Ayuntamiento y con los vecinos. Democráticamente es inaceptable que alguien tenga la osadía de hacer planteamientos sin contar con el Ayuntamiento, la única con autoridad que reconoce la ciudadanía. ¿Aquí quien manda?, es la interrogante que le queda a uno.
d) El entorno del nuevo campo del Valencia SAD parece que lo decide, de nuevo, el ciudadano Soler. La irresponsabilidad del equipo de Barbera ha permitido que fuera el club quien dijera si quiere o no centro comercial. El futuro de un barrio se ha dejado en manos de grupos empresariales que no han tenido problemas en llevar adelante sus propuestas. Asustados por las siglas del Valencia SAD, de nuevo, el equipo del Ayuntamiento ha perdido toda iniciativa. Nada es ilegal, pero empieza a estar en el límite, y el desencanto democrático inevitable.
e) Volvamos al Gobierno de la Generalitat y su política de PAIs. Ninguno de éstos, tuvo el efecto de Portxinos, incluida la chulería dirigida a la alcaldía de Paterna de la que se esperaba la recalificación de la actual ciudad deportiva. Entonces alguien en Paterna dijo que decidía quien la ciudadanía había elegido, aunque en Riba-roja, como sabemos, primaron otros criterios.
El ciudadano Soler, dueño de la empresa Valencia SAD, está recibiendo: a) un tratamiento más que dudoso por parte de Solbes y su equipo, b) está imponiendo al president Camps que TVV le financie, incluso incrementando una deuda insufrible, y que además le apruebe los PAIs que propone y c) a la alcaldesa Barberá le impone que dos barrios (del actual y del nuevo campo) se urbanicen bajo la óptica de optimizar inversiones particulares.
No tengo ningún especial currículo al respecto, pero sepan que yo no luché para tener esta democracia siciliana.
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